En Ancud yacía una Pincoya de piedra cancagua que acompañada de otros seres mitológicos reposaba tranquilamente en la Plaza de Armas. Lamentablemente, su descanso tuvo un precipitado final cuando un individuo de identidad desconocida inescrupulosamente le cortó la cabeza.
Si bien la decapitación causó gran indignación causó en los vecinos y visitantes que han tenido el privilegio de visitar la isla grande de Chiloé, nadie sintió más rabia e impotencia que Ramón Pérez, el escultor que dio vida a la obra y que ha sido responsable de darle una nueva imagen a las princiipales atracciones turísticas de la isla.
Una estatua de gran tamaño fue ofrecida como recompensa para quien entregue información que permita identificar al autor de la decapitación. Aún así, Ramón se conforma con la certeza de que aunque esta persona pueda eludir a la justicia chilena, no podrá escapar del poder mítico de la isla, que siempre castiga a los que la ofenden.
Naturalmente, hechos como este nos hacen preguntarnos por qué historias como esta se han vuelto cada vez más frecuentes en Chile. Contestar esta pregunta no es tarea sencilla, pero una revisión crítica del actuar reciente de la justicia chilena ante los ataques al patrimonio histórico quizás nos pueda ayudar a entender lo que está pasando.
Los que lograron salirse con la suya
No es la primera vez que alguien destruye una escultura sin ser descubierto. Recientemente en Chile han sido varios los casos en que no se ha descubierto la identidad de quienes atentan contra el patrimonio local.
Este año -por ejemplo- fueron robadas las gárgolas que acompañaban al monumento de Juan Godoy, el humilde pastor que descubrió hace más de 150 años la mina de Chañarcillo. La estatua -fabricada en 1851 en Inglaterra- ha sido víctima de varios robos en los últimos años, probablemente por gente interesada en fundir las piezas de bronce para poder revenderlas.
Pocos meses después del robo al monumento de Juan Godoy, la capital de Santiago también fue bendecida por gente sin cultura que destruye aquello que no entiende: completamente rayada apareció la piedra conmemorativa del cerro Santa Lucía que cita las hiperbólicas frases con las que Pedro de Valdivia describió la riqueza del territorio chileno.
No bastando con un rayado, hace unos días pudimos atestiguar como la escultura «Unidos en la gloria y la muerte» de Rebecca Matte fue rayada a menos de 24 horas de haber sido re-estrenada luego de un largo proceso de restauración.
Sin duda alguna el patrimonio de chile está en una situación precaria. Aún así, uno podría argumentar que estos son casos aislados en los que la falta de claros culpables ha permitido que unos pocos no tengan que asumir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, nada evidencia más las falencias actuales que la respuesta del sistema cuando han logrado dar con la identidad de quienes han destruido de manera irreparable parte de la historia chilena.
La floja mano de la justicia
Demasiados son los casos en los que ha quedado clara la debilidad del sistema judicial chileno, a las autoridades no les interesa impedir que estos actos vuelvan a ocurrir. Así pudo ver la comunidad Rapa Nui, cuando fue sancionada con una miserable multa de 473.000 pesos una joven de 17 años que causó daño irreparable en un moai después de posar encima del mismo, ignorando completamente las instrucciones que prohiben tocar estos monolitos ancestrales.
Un caso icónico que nos permite entender la mentalidad de quienes hacen estos actos irresponsables ocurrió en el año 2016, durante las movilizaciones estudiantiles, cuando un joven de 18 años llamado Bairon Pilquinao ingresó a la Iglesia de la Gratitud Nacional y destruyó -acompañado de otros menores encapuchados- una estatua de Jesús que tenía más de 40 años de antigüedad. Cuando se le pidió que justificara sus actos contestó «no pensé que a alguien le podría molestar, porque es sólo una figura de yeso». El joven, que había sido detenido después de volver de un viaje en Punta Cana, sólo tuvo que pagar una multa de 2,6 millones de pesos.
Más indignante fue lo que ocurrió poco tiempo después en el Museo Histórico Nacional, cuando dos sujetos identificados como Héctor Zapata Contreras y Juan Tapia Cárdenas robaron la espada decorativa que había pertenecido al presidente Manuel Bulnes. A pesar de que Zapata y Tapia confesaron el delito, la pieza -avaluada en 450 millones de pesos- desapareció para siempre. ¿Cuál fue la condena que les dio la justicia? Si bien no se ha divulgado la sentencia de Tapia, sabemos que a Zapata le dieron libertad vigilada, sentencia que obviamente no fue acatada por el ladrón.
Pero incluso esa sentencia no es suficiente para demostrar lo débil que es la justicia chilena al momento de proteger su propia historia. El caso que mejor refleja la complicidad del sistema fue el de Rotem Singer, israelí que en 2011 causó el incendio más grande jamás registrado en las Torres del Paine, destruyendo más de 17.600 hectáreas de flora y fauna nativa al hacer fogatas de manera ilegal. Singer no pasó ni un sólo día en prisión y sólo fue obligado a pagar una indemnización de 4.850.000 pesos como «compensación» por haber arrazado con una de las reservas naturales más importantes del país.
Las voces cómplices de la destrucción
Nada de lo mencionado hasta ahora sorprende si tomamos en consideración que el Estado chileno ha gastado más recursos en defender a quienes no respetan la historia de los que ha gastado en proteger a la historia misma. No olvidemos, por ejemplo, como en el año 2004 el presidente Ricardo Lagos intervino para que Eduardo Cadima y Enzo Tambolledo no pasaran tiempo en una prisión peruana después de haber rayado milenarios muros incas.
Quizás no es justo sólo culpabilizar a los políticos por la falta de conservación del patrimonio histórico. Después de todo, existe un gran número de ciudadanos que no demuestran interés en proteger los espacios comunes por los que transitan.
Quien camine por cualquier centro urbano chileno se dará rápidamente cuenta de la falta de cariño y cuidado con que se trata al patrimonio. No es extraño salir a pasear y encontrar edificios centenarios cubiertos en rayados, mal mantenidos o simplemente abandonados.
De manera similar, no se puede ignorar que muchos lugares históricos han sido completamente destruidos para dar paso a la construcción de centros comerciales o grandes proyectos inmobiliarios. Tales casos muestran como el peso del dinero suele ser mucho mayor al de la memoria colectiva.
Todo parece indicar que si se espera un cambio real en el cuidado al patrimonio no se puede depender de la supuesta competencia de las autoridades, en vez de esto, debe apelarse a un cambio en la conciencia colectiva de los ciudadanos quienes deben buscar el resguardo de su propia historia. Cuando esto ocurra, quizás ya no volveremos a leer noticias de Pincoyas que despiertan sin cabeza.
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